Si no tuviéramos la autoestima tan baja, reconoceríamos que tenemos un gran país que millones de personas en todos los continentes sueñan con que un día pueda ser su hogar. Salgan por ahí afuera para comprobarlo y comparen. Un gran país mejorable, con desequilibrios a compensar: por ejemplo, la desigualdad social por la crisis del 2008, aún vigente, y agravada por el COVID. La social, porque la igualdad de oportunidades real no es tan clara como se proclama. Desigualdad de género, por más que España sea país adelantado en la materia, pero con trecho aún por recorrer. Y desequilibrio territorial, porque es un despropósito que el ochenta por ciento de la población vivamos en la quinta parte del espacio, lo que es insostenible incluso desde el punto de vista medioambiental. Hay más desajustes, como el lacerante desempleo juvenil y el desequilibrio entre unos cuantos millones de parados y el mismo número, aunque con otras cualificaciones o mejor disposición al trabajo, que no se contratan porque no se encuentran, como en la ingeniería o en la construcción.
La cuestión es que esos problemas no se afrontan con la decisión necesaria porque la política está en otra cosa, por ejemplo, en abstenerse de tomar decisiones que dañen expectativas en las encuestas. Tenemos un país con la Justicia paralizada por la eterna rivalidad entre conservadores y progresistas que arrastra casi cien juzgados sin titular, con miles de procesos atascados desde hace años. Un país con una maquinaria administrativa que solo se modernizó informáticamente, que no para de aumentar el número de funcionarios y que mantiene el principio de que es imposible su despido. Así, conviven en los mismos departamentos empleados sin apenas interés, con personal esforzado que por el mismo sueldo y consideración saca el trabajo adelante admirablemente. Pero ni los sindicatos admiten el concepto “despido”, ni los gobernantes tienen interés en legislarlo por si acarrea pérdida de votos. De ese modo tenemos algunos interventores, por ejemplo, que no facilitan la fluidez de las tramitaciones; y en el otro extremo, secretarios de ayuntamiento que no quieren meterse en líos de pedir fondos porque ya se ocupan de varios municipios a un tiempo. Y para darles argumentos a todos, la impresión es que España ha establecido procedimientos muy farragosos para acceder a los fondos europeos, a diferencia de otros países de la Unión.
Con todo ese cuadro escénico en marcha, España está a punto de desperdiciar la histórica oportunidad de aprovechar los Fondos Europeos de Reconstrucción y Resiliencia. Fue una conquista española en una Europa al principio reticente, protagonizada por el presidente Pedro Sánchez, al que no se le puede regatear el mérito porque hablamos de un hecho cierto con números, sobre un concepto que antes no existía. Pero ahí queda. Acaso estemos ante una oportunidad de trascendencia comparable, a distancia, con lo que fue el ingreso de España en el Mercado Común. Pero la estamos dejando escapar con una Administración atascada, solo parcialmente comprometida, y en muchas áreas sin la preparación necesaria para las nuevas exigencias.
Inútil sería pedir auxilio a los legisladores porque están enfrascados en las enmiendas a la Ley Trans y otros proyectos de ley. Claro que hay que atender a todos los colectivos, pero no concentrar la batalla política desatendiendo los desafíos urgentes de aprovechar oportunidades que pasarán y no volverán. Pero vemos como sigue imponiéndose la ocurrencia a las ideas y el insulto a la educación mínima exigible para ocupar un escaño parlamentario. ¡Qué pena de gran pais!
Manuel Campo Vidal es Licenciado en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona e Ingeniero Técnico Industrial por la Politécnica de Cataluña. Cursó estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido director de programas tanto en radio como en televisión. Ha sido Vicepresidente de Antena3 TV.
Es presidente emérito de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España.
En la actualidad es Presidente de Next Educación y Director del Instituto de Comunicación Empresarial.
